Bangkok, 29 sep (EFE).- El australiano Sean Turnell, asesor económico de la depuesta líder birmana Aung San Suu Kyi y detenido desde hacía más de año y medio, fue condenado este miércoles a tres años de prisión por un tribunal militar de Birmania por vulnerar la ley de Secretos Oficiales.
Turnell, de 57 años y profesor asociado de economía en la Universidad Macquarie de Sídney, trabajaba como asesor de Suu Kyi cuando esta -también condenada hoy a otros tres años de prisión por el mismo delito- fue derrocada y detenida durante las primeras horas del golpe de Estado militar del 1 de febrero de 2021.
El experto, director desde 2017 del Instituto para el Desarrollo de Birmania, con sede en la capital, Naipyidó, fue arrestado cinco días después de la sublevación castrense que puso fin a una década de incipiente democracia en el país asiático.
Los detalles del delito cometido por Suu Kyi y Turnell no han sido especificados por la junta militar, aunque la televisión estatal -bajo el control de los uniformados- indicó el año pasado que el economista oceánico tenía acceso a “información financiera secreta del Estado” y había intentado huir del país.
RECHAZO DE AUSTRALIA
La condena ha provocado un rechazo frontal del Gobierno de Australia, cuya ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, reclamó la “liberación inmediata” del economista al calificar de “injusto” el proceso judicial que ha transcurrido a puerta cerrada y rechazó todas las acusaciones en su contra.
“Aprovecharemos cada oportunidad para defender firmemente al profesor Turnell hasta que regrese con su familia en Australia”, apuntó Wong en un comunicado emitido por su oficina.
El Ministerio de Exteriores australiano también denunció que las autoridades birmanas negaron hoy la entrada al tribunal a un diplomático del país oceánico y trabajadores de la legación en el país para presenciar la lectura de la sentencia.
CONDENA “DESGARRADORA” PARA LA FAMILIA
Por su parte, la esposa de Turnell, Ha Vu, exigió la deportación inmediata a Australia de su marido en un comunicado en el que calificó la condena de “desgarradora” para ella, su hija, el padre octogenario de Turnell y toda su familia, al tiempo que recordó que ya ha cumplido casi dos tercios de la sentencia al llevar detenido 19 meses.
“Por favor, consideren todas las contribuciones que ha hecho a Birmania, y depórtenle ahora”, imploró Ha Vu desde Australia, tras recordar que su marido “ha sido uno de los mayores apoyos del país asiático durante los 20 años en los que trabajó para fortalecer la economía birmana”.
Turnell, estudioso de la economía birmana desde hace décadas, fue asesor de Suu Kyi desde que esta ganó los comicios de 2015 y centró su política en estabilizar la economía y atraer inversión internacional.
“CRUEL INJUSTICIA”
Grupos defensores de los derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) también mostraron su rechazo a la condena, de la que coincidieron en denunciar su injusticia.
El director de Australia de AI, Tim O’Connor, denunció en un comunicado que, “como miles de otros que languidecen en prisión desde el golpe, a Sean Turnell se le negó un juicio justo o acceso adecuado a consejo legal y asistencia consular” y tildó el proceso de “fraude absoluto” que fue “motivado políticamente”.
Por su parte, Elaine Pearson, directora para Asia de HRW, tachó la condena de “cruel injusticia”, y remarcó que fue condenado después de “un juicio a puerta cerrada sin acceso adecuado a asesoramiento legal”.
OTROS EXTRANJEROS DETENIDOS
Además de Turnell, otros dos extranjeros de perfil alto están encarcelados en Birmania: la exembajadora del Reino Unido Vicky Bowman y el cineasta japonés Toru Kubota.
Bowman fue condenada el pasado 2 de septiembre a un año de prisión, una semana después de ser detenida junto a su esposo, el artista birmano Htein Lin, por vulnerar la ley de inmigración al residir en una vivienda no registrada en su visado.
Kubota, por su parte, fue detenido el pasado 30 de julio mientras grababa unas protestas para un documental y no ha trascendido que haya recibido ninguna condena por el momento.
El Ejército justifica el golpe por un presunto fraude masivo durante las elecciones de noviembre de 2020, cuyo resultado ha sido anulado y en las que el partido de Suu Kyi arrasó, como ya hizo en 2015, con el aval de observadores internacionales.
Más de 2.300 personas han muerto desde el golpe de Estado por la brutal represión ejercida de parte de las fuerzas de seguridad, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos y desarmados, según datos de la oenegé birmana Asociación para la Asistencia de Presos Políticos.
