San Salvador, 23 nov (EFE).- La falta de acceso a la información pública en El Salvador, considerado como un país violento para las mujeres, se convierte en otra forma de violencia para el sector femenino en el país centroamericano, lo que a su vez impide la creación de políticas para erradicar dicha problemática.
Así lo señala el informe denominado Situación de Violencia contra las Mujeres, 2022. El documento fue presentado este miércoles en San Salvador, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y fue elaborado por la Red Feminista Frente a la Violencia contra las Mujeres (RED-FEM).
La experta en derechos humanos Silvia Juárez, de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), señaló a periodistas que en el informe se señala que, a pesar que el país cuenta con una legislación especializada para casos de violencia, “hay retrocesos e involución que se presentan en el proceso de erradicación de la violencia contra la mujer”.
Uno de esos retrocesos, a criterio de Juárez, es la falta al acceso a información y datos estadísticos de cómo se encuentra en el país la problemática de la violencia contra las mujeres.
MINIMIZAR EL PROBLEMA
“Sin duda, la falta de acceso a la información es otro tipo de violencia contra las mujeres porque lo que hace es minimizar un problema e impide que se construyan políticas públicas basadas en evidencia estadística”, dijo la experta en derechos humanos al ser consultada por EFE.
Indicó que el no acceso a estadísticas, relacionadas con feminicidios y otros hechos de violencia contra la mujer, representa un “mayor retroceso en las decisiones que se tomen”, porque “no sabemos sobre la base en qué se van a estar tomando esas decisiones”.
Juárez señaló que, por ejemplo, El Salvador “hoy por hoy” no cuenta con el informe anual de hechos de violencia contra las mujeres, que es una obligación legal del sistema de información, datos y estadísticas públicas.
Indicó que el Observatorio de Seguridad Ciudadana Administrado por la RED-FEM “tampoco ha tenido acceso a información sobre feminicidios y otros hechos delictivos contra las mujeres”.
Con lo que se cuenta, explicó la experta de Ormusa, es con un monitoreo de medios de comunicación, con lo cual “reafirmamos el derecho a la libertad de prensa porque eso permite que haya una contraloría ciudadana frente al problema”.
De acuerdo con el seguimiento a la prensa de parte de la RED-FEM, en El Salvador se registran al menos 51 feminicidios entre 1 de enero al 20 de noviembre del año en curso. De los que 17 crímenes fueron cometidos por las parejas de las víctimas, en el “ámbito de relaciones de confianza”, apuntó Juárez.
Las estadísticas “evidencian que las prácticas sobre las cuales se asesinan a las mujeres siguen siendo crueles, degradantes y en un marco de relaciones de poder que el Estado no ha logrado erradicar”, añadió.
La feminista América Romualdo subrayó que “la violencia contra las mujeres todavía sigue siendo muy silenciada” y que hay “muchas formas de violencia que aún no son abordadas”. “Aún no existen mecanismos de denuncia, como la violencia en el transporte público, la violencia obstétrica o la violencia política”, dijo.
DESINTERÉS DE INSTITUCIONES
Juárez resaltó que El Salvador es un país que no carece de legislación especializada a favor de las mujeres, no obstante, señaló que existe un “desinterés por garantizar de manera contundente los derechos de las niñas, adolescentes y las mujeres por parte de la institucionalidad pública”.
Apuntó que las entidades públicas con competencia de protección de derechos de las mujeres y niñas cuentan con “débiles” presupuestos financieros, lo que se traduce en “una falta de implementación de marcos normativos de la ley”.
