Viena, 21 nov (EFE).- La falta de pluralismo y competitividad marcó la elecciones en las que Kasim-Yomart Tokáyev fue reelegido este domingo presidente de Kazajistán, destaca el análisis realizado por los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
“La falta de pluralismo desempeñó un papel importante a la hora de socavar la competitividad en estas elecciones, y las limitaciones a la libertad de expresión y la falta de oportunidades para celebrar asambleas pacíficas redujeron el espacio para las voces críticas”, señaló Urszula Gacek, jefa de la misión de la Oficina de la OSCE sobre Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODIHR).
Aunque los comicios anticipados estuvieron bien organizados, se celebraron en un ambiente político de falta de competitividad y demostraron que el país debe realizar más reformas para cumplir los compromisos de la OSCE y asegurar un “pluralismo genuino”, agregó ODIHR en un comunicado.
La escasa cobertura de la campaña por parte de los medios y la práctica ausencia de informes analíticos limitaron “la capacidad de los votantes para tomar una decisión informada”, criticó la OSCE.
La nota recuerda que a los candidatos independientes no se les permite concurrir a las elecciones presidenciales, y que los requisitos impuestos para poder hacerlo “son contrarios a los compromisos de la OSCE y a otras normas internacionales”.
“La libertad de expresión y el acceso a la información, garantizados por la Constitución, están limitados por el restrictivo marco legal y su desigual aplicación. Esto, unido a los casos de intimidación y agresiones a periodistas, se traduce en autocensura y falta de control”, añade la OSCE sobre la situación en esta autoritaria república centroasiática.
La OSCE recuerda, eso sí, que todos los canales de televisión supervisados respetaron las disposiciones legales sobre la igualdad de cobertura en las noticias.
Aunque la Constitución y otras leyes han sido revisadas varias veces, en esta elecciones sólo se ha aplicado el cambio que establece un límite de un único mandato de siete años, y que otras recomendaciones de la ODIHR siguen sin ser atendidas.
Más positivo es el análisis de la OSCE de que la digitalización en la Justicia ha facilitado la presentación de reclamaciones.
