El Gobierno de Perú planteará que presidentes sean destituidos por corrupción
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, toma juramento al ministro de Defensa, Luis Alberto Otárola, durante una ceremonia el pasado sábado, en el Palacio de Gobierno de Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar
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El Gobierno de Perú planteará que presidentes sean destituidos por corrupción

Lima, 12 dic (EFE).- El Gobierno de Perú planteará al Congreso una reforma política que comprenderá, entre otros temas, la inclusión del delito de corrupción como una causal para destituir a un presidente de la República, anunció este lunes el ministro de Defensa, Alberto Otárola.

“Vamos a proponer que se agregue una cláusula al artículo 117 de la Constitución que contemple esta posibilidad”, anunció el ministro de Defensa en declaraciones al Canal N de televisión.

El artículo 117 establece cuatro causales por las que un presidente en funciones puede ser destituido, entre los que se encuentran traición a la patria o impedir el funcionamiento del Congreso, pero no corrupción ni delitos comunes.

Otárola señaló, al respecto, que el Ejecutivo que asumió funciones el miércoles pasado considera que se deben “reformar los artículos que hacen difícil o muy poco probable que el presidente pueda cesar en su cargo por causales de evidentes actos de corrupción y por atentar contra el estado de derecho”.

“Vamos a abrir un debate con el Congreso de la República para la culminación, el inicio, lo que fuera, de un imprescindible debate de la reforma política que requiere nuestro país para no cometer los mismos errores”, enfatizó.

Detalló que estos acuerdos fueron tomados durante una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros que se celebró este domingo, tras el cual la presidenta Dina Boluarte anunció que planteará al Congreso un adelanto de las elecciones generales para abril de 2024.

TEMAS DE LA REFORMA

Otárola dijo que entre los planteamientos del Ejecutivo también estará el debate sobre la posible instauración de un Congreso con dos cámaras, la reforma del sistema de partidos, la ampliación de la representación popular y la regulación del referéndum.

Adelantó, además, que la presidenta Boluarte va a convocar a una reunión del foro del Acuerdo Nacional, que será reformado para que participen en él otros “actores sociales claves”, y del Consejo de Estado, para “conversar ampliamente sobre la necesidad de darle gobernabilidad al país en estas horas tan difíciles”.

“Es un paquete de reformas políticas que creo que debe ir acompañada con esta decisión de adelanto de elecciones y estamos seguros de que el Congreso de la República va a coger el guante y, utilizando los mismos mecanismos que establece la Constitución, iniciar inmediatamente un debate”, acotó.

Otárola también explicó que la decisión de proponer el adelanto de elecciones para abril de 2024, y no antes, se debe a que se tiene que cumplir “varios requisitos” establecidos por la ley electoral peruana.

Descartó, además, la posibilidad de que Boluarte vaya a renunciar al cargo, tal como pide un sector político y de ciudadanos porque, enfatizó, ha asumido la jefatura del Estado en cumplimiento de la sucesión establecida “con mucha claridad” en la Constitución, ya que era vicepresidenta del destituido Pedro Castillo.

“No vamos a sumir al país en el caos, la incertidumbre de poder tener siquiera la posibilidad de que el gobierno legítimamente instalado pueda apartarse de la conducción del país pueda conducir a una situación de zozobra”, remarcó.

La presidenta anunció durante la madrugada de este lunes que enviará al Congreso un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales a abril de 2024, una reclamación de ciudadanos que han protestado en diversas localidades del país, con un saldo de dos muertos en la ciudad sureña de Andahuaylas.

Los manifestantes también piden el cierre del Congreso, que el pasado miércoles destituyó a Castillo de la jefatura del Estado luego de que este dictara la disolución del Legislativo y anunciara que conformaría un Ejecutivo de emergencia, gobernaría por decreto, convocaría una asamblea constituyente y una reorganización del sistema judicial.