Santiago de Chile, 24 feb (EFE).- El Senado de Chile aprobó este viernes extender por decimoctava vez el estado de excepción que rige parcialmente desde el 16 de mayo en dos regiones del sur del país, epicentro del denominado “conflicto mapuche” que enfrenta a comunidades indígenas, empresas forestales y el Estado.
Por 22 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones y en una sesión especial citada en medio del paréntesis legislativo por las vacaciones de verano, la Cámara Alta extendió por 15 días más la medida en La Araucanía y en las provincias de Arauco y del Biobío de la Región del Biobío, ambas afectadas por los devastadores incendios que han quemado casi 500.000 hectáreas en la zona.
En la discusión parlamentaria se mezcló el debate sobre la intencionalidad de los incendios con el conflicto político entre el pueblo mapuche y el Estado chileno.
“Las comunas que preocupan a la sala son comunas donde coincide con que hay disputa y conflicto político, conflicto con las forestales y normalmente ahí es más alto el nivel de intencionalidad”, dijo la ministra de Interior, Carolina Tohá, durante la sesión.
Según la autoridad, los datos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), apuntan a un 25% de incendios intencionales en la zona.
Las regiones en las que rige esta medida excepcional sufren desde hace meses una escalada de sabotajes a maquinaria forestal, incendios a propiedades y viviendas, además de robo de madera y tiroteos.
Esta herramienta constitucional permite el despliegue militar en la zona para que ayuden a Carabineros (Policía militarizada) a controlar el orden público, incluyendo vigilancia en las principales carreteras y caminos aledaños.
En La Araucanía y otras zonas del sur de Chile existe desde hace décadas una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuche y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.
El pueblo mapuche, la etnia indígena más numerosa de Chile, reclama las tierras que habitaron durante siglos, antes de que fueran ocupadas a la fuerza por el Estado chileno a fines del siglo XIX en un proceso conocido oficialmente como la “Pacificación de La Araucanía” y que ahora pertenecen en su mayoría a empresas forestales.
