Argentina reconoce responsabilidad judicial en muerte de guardacostas gay
Fotografía de archivo en la que se registró a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades de Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta. EFE/Juan Carlos Hidalgo
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Argentina reconoce responsabilidad judicial en muerte de guardacostas gay

Buenos Aires, 7 sep (EFE).- El Estado argentino reconoció este miércoles su responsabilidad en la investigación por la muerte del suboficial de la Prefectura Naval Argentina (PFA), Octavio Romero, tras firmar un acuerdo de “solución amistosa” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La rúbrica formal de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, tuvo lugar en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) -relevante centro de tortura y detención en la dictadura militar (1976-1983)-, y contó con la presencia de la pareja de Romero, Gabriel Gersbach, que luchó durante 12 años para esclarecer su muerte.

“Es un punto y aparte esta firma. Creo que voy a tener más acceso a la causa, pero todavía me siento discriminado por la fiscalía. Las veces que he ido me sentí mal atendido”, expresó a Efe Gersbach.

Este acuerdo contemplará el reconocimiento abierto de que el caso se investigó mal durante más de una década y promoverá, con la CIDH como testigo, acciones reparatorias para las víctimas, así como garantías de no repetición a las cuales se compromete el Estado argentino.

Parte de esas medidas serán protocolos para denunciar casos de discriminación con base en la orientación sexual e identidad de género, formación y educación en temática de género a las fuerzas de seguridad federales y lineamientos para el abordaje de crímenes de odio.

“Este acuerdo es la luz del futuro, de saber que lo intentamos, de que esto no se repita y no haya otros ‘Octavios’”, resumió.

CRIMEN DE ODIO

Caratulado como un crimen de odio, Romero desapareció el 11 de junio de 2011 y su cuerpo fue encontrado desnudo y golpeado seis días después flotando en aguas del Río de la Plata, cerca de las costas de la capital, en una zona bajo jurisdicción de la PFA.

Días antes de su muerte, Romero había solicitado permiso a su superior para casarse con su pareja -pues el pedido de autorización era obligatorio entonces-, un año después de haberse aprobado la Ley de Matrimonio Igualitario bajo el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015).

A partir de esa instancia, el acoso y la discriminación por parte de sus camaradas fue constante.

Durante la investigación, la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción Nº 40 tomó a Gersbach como principal sospechoso hasta 2013, cuando la Justicia argentina le permitió formar parte de la querella.

“Desde un primer momento, partido en dos por la muerte de Octavio, lo primero que me dijo la fiscal fue: ‘acá llorando, no, si vas a llorar volvé otro día’”, relató.

“Me sequé las lágrimas y seguí. No tenía nada que esconder y estaba diciendo las cosas como eran y, sin embargo, me trataron de sospechoso. Allanaron mi casa dos veces y una vez la de mi madre. Todo eso dolió”, agregó.

Ante la “inoperancia judicial”, Gersbach recurrió a la CIDH para que depurase la responsabilidad del Estado argentino y reclamar protección y garantías judiciales.

En su informe de admisibilidad, la CIDH consideró que Argentina tuvo una “falta de debida diligencia en la investigación” con violaciones a los artículos establecidos por la Comisión en defensa de la vida, integridad personal, garantías y protección judicial.

“Quisiera un mundo más normal, creo que debe existir y respetarse la autoridad, pero también hacia la diversidad”, concluyó Gersbach.